Relata que presenció el asesinato de dos hombres reportados como desaparecidos
Apareció con vida indígena retenida por comuneros de Nueva Palestina
Palenque, Chis., 16 de noviembre. Hoy apareció viva la indígena Petrona Núñez González, quien fue retenida por comuneros de Nueva Palestina que el lunes atacaron a balazos a pobladores de Viejo Velasco Suárez, al tiempo que comunidades con presencia zapatista y de la organización X'inich se declararon en alerta por la exigencia de los lacandones de que sean desalojados cuatro poblados ubicados en los límites de la reserva de Montes Azules.
Al rendir su declaración ministerial, la noche del jueves, la mujer de 34 años dijo que fue golpeada, encarcelada y amenazada de muerte si denunciaba lo ocurrido en Viejo Velasco. "Yo vi cuando mataron a mi papá (Pedro Núñez Pérez) y a Miguel Moreno cerca de El Paraíso", aseguró.
Estos dos hombres estaban reportados como desaparecidos y de confirmarse el dicho de la indígena el número de muertos se elevaría a seis, sin incluir un feto de seis meses de María, hermana de Petrona, asesinada el lunes en su casa.
Aunque Petrona fue liberada el martes, hasta la mañana de hoy se supo que estaba con vida. En su exposición contó que el lunes al amanecer cientos de hombres armados, con uniformes y gorras azules, llegaron a Viejo Velasco para atacarlos.
Añadió que a ella, a su padre Pedro Núñez y a sus vecinos Miguel Moreno y Mariano Pérez los llevaron a la escuela y los golpearon a culatazos y puntapiés.
Añadió que después de cometer los primeros asesinatos, los integrantes de la llamada comunidad lacandona formada por cuatro localidades, entre ellas Nueva Palestina los sacaron de la escuela y arrastraron rumbo a El Paraíso, donde habían dejado los vehículos, pues a Velasco Suárez no hay carretera.
Contó que unos 300 metros antes de llegar a El Paraíso, su padre y Miguel fueron asesinados a balazos, pero ya no se dio cuenta de la suerte de Mariano. "Yo volteé a ver y ahí los vi muertos", dijo, y agregó que en seguida fue subida a uno de los vehículos y llevada a Nueva Palestina.
Ahí fue introducida en una casa y luego encarcelada y golpeada. Uno de los pobladores le puso una inyección para bajarle la fiebre a causa de una infección provocada por una úlcera en la pierna, que no se ha atendido desde hace tiempo.
Ese mismo lunes fue exhibida ante miles de pobladores de Nueva Palestina para responsabilizarla de la muerte de Vicente Pérez Cruz, quien falleció en el hospital de Palenque a causa de las heridas que sufrió durante el ataque. Después la llevaron a Frontera Corozal y repitieron la escena. "Me tomaron fotos y me dijeron: 'ahora te vamos a salvar, pero si dices algo te vamos a matar porque ya sabemos quién eres'", relató la mujer, que sólo habla tzeltal.
Añadió que el martes por la tarde le dieron dinero y dos hombres la llevaron en un vehículo a la carretera fronteriza ubicada a unos 10 kilómetros para que tomara una unidad de pasaje. Los dos hombres subieron con ella.
Uno bajó en el ejido 20 de Noviembre y ella lo hizo más adelante para dirigirse a una comunidad donde vive un hermano, a una hora de Palenque. El otro hombre siguió presuntamente hasta esta ciudad.
La noche de hoy, la indígena quien el lunes perdió a su padre y a su hermana María, y en 2001 a su hermano Antonio a causa del conflicto agrario en Montes Azules fue traída a Palenque para que fuera atendida médicamente y para que un fiscal del Ministerio Público le tomara la declaración, pues no quiso ir a la comunidad por temor a ser retenida.
Por la mañana agentes de la policía estatal llevaron detenido a las oficinas de la fiscalía en esta ciudad al indígena Felipe Díaz López, de Nueva Palestina, tras ser dado de alta en el hospital. Su ingreso fue presenciado por su madre y un hijo cuyos nombres no fueron dados a conocer , quienes se dijeron sorprendidos por la detención y luego hicieron una llamada telefónica, presuntamente a su comunidad, para pedir que vinieran 50 camiones cargados de gente para liberarlo.
Personas que viajaron hoy a la zona de Lacanjá Chansayab, cercana a Nueva Palestina, reportaron que la situación era de relativa calma. Sin embargo, prevalecen temor e incertidumbre. Ayer, unos 10 jóvenes que estudian en el Colegio de Bachilleres ubicado en Chamizal, donde ayer fueron enterrados los indígenas Filemón Benitez Pérez, su tío Antonio Mayor Benítez y María Núñez González, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según la organización X'inich (hormiga, en chol), fueron retirados y trasladados a sus hogares.
Habitantes de dicha comunidad afirmaron que el martes, cuando se supo de la muerte de Filemón quien hace cuatro meses regresó de Estados Unidos y de Antonio, en la escuela se tensó el ambiente porque los alumnos originarios del lugar amenazaban con tomar represalias.
Los maestros calmaron la situación momentáneamente, pero al caldearse los ánimos los padres de los muchachos decidieron que se trasladaran a Palenque el martes y ayer los llevaron a Nueva Palestina para protegerlos.
A tres días de la agresión, pobladores de Viejo Velasco Suárez afirmaron que próximamente retornarán a esas tierras porque les pertenecen. "Pensamos regresar porque estas tierras ya se pagaron con la sangre que han regado nuestros compañeros", dijo Isidro Pérez Vázquez, quien logró huir cuando entraron los 300 o 400 indígenas tzeltales, choles y lacandones de la comunidad lacandona.
Aseveró que el día del ataque varias familias salvaron la vida porque corrieron por el monte hasta llegar a la vecina Nueva Tila, tras seis horas de caminar por el cerro, donde se refugiaron. "Lo que nos hicieron no fue un desalojo, fue una masacre", manifestó el indígena, quien responsabilizó de los hechos a los gobiernos federal y estatal por "no atender el problema".
Ataque premeditado, igual que en 95 y 2000: Centro Fray Bartolomé
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la acción contra el poblado Viejo Velasco Suárez "tiene características de un ataque premeditado como los que se realizaban en las regiones norte y Altos de Chiapas entre 1995 y 2000 con grupos de civiles armados, uniformados al estilo de policías o militares y con armas de grueso calibre que atacaban a las poblaciones generando muerte, desapariciones y desplazamiento forzado, en presencia aquiescente del Ejército Mexicano, como parte de la estrategia contrainsurgente frente al EZLN".
Recordó que el pasado 9 de noviembre en la comunidad de Busiljá, situada a 15 kilómetros de Viejo Velasco, "seis hombres armados y portando el uniforme de la policía sectorial amenazaron con disparos a varias familias, por lo que 18 personas se desplazaron", a pesar de que tres patrullas de la policía estatal estaban en el lugar.
"Los afectados denuncian que los agresores son de esa misma comunidad, miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos de filiación priísta. Que los uniformes les son proporcionados por la policía sectorial y que siempre se ponen de acuerdo.
"Frente a estos hechos nos llama la atención el reciente nombramiento del general de división DEM retirado Luis Mucel Luna como director de la policía sectorial de Chiapas, quien cuenta con una maestría en administración para la defensa y seguridad nacional en el Colegio de la Defensa Nacional, y un posgrado en el Colegio Interamericano de Defensa en el Fuerte J. Lesley McNair, en Washington", dijo el organismo.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2006/11/17/index.php?section=estados&article=046n1est
Pronunciamiento de la Red de Defensa de la Tierra y el Territorio respecto a la masacre:
Pronunciamiento de la Red de Defensa de la Tierra y el Territorio respecto a la masacre:
Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 21 de noviembre de 2006.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA PRENSA ESTATAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Con gran indignación, los abajo firmantes, miembros de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y al Territorio, hemos conocido la agresión violenta y brutal de la que han sido objeto nuestras hermanas y hermanos del Ejido de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, en la Selva Lacandona. Por lo que, como red que lucha por hacer efectivo el elemental derecho al Territorio y a la Tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas, así como por el estricto respeto a los derechos humanos, politicos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, que protegen a dichos Pueblos y Comunidades, queremos expresar lo siguiente:
1.-El Decreto de Reconocimiento y Titulación de los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, publicado en marzo de 1972 -mediante el cual originalmente se le concedieron a 66 familias maya caribes, 614,000 hectáreas de selva- se fundamenta en una serie de irregularidades y falsedades que lo hacen ilegítimo y nulo de origen.
2.- Este fraude agrario -cuya motivación real y de fondo era facilitar la explotación de maderas preciosas por parte de la Empresa COFOLASA- se realizó ignorando los derechos a agrarios y humanos, de más de 45 poblaciones tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales que ya vivían en la selva y que desde entonces se encontraban exigiendo su regularización y reconocimiento agrario; concediéndoles en cambio, el estatus de irregulares e invasores de las tierras "propiedad de los Lacandones".
3.- Desde entonces, todos los poblados considerados irregulares por esta decisión fraudulenta y arbitraria, han venido sufriendo presiones y amenazas de parte de los gobiernos federal y estatal, así como agresiones directas por parte de los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona
4.- En el caso que nos ocupa -Viejo Velasco Suárez- la primer agresión violenta e intento de desalojo, se dio en el año de 1981. Una más, en 1982, en la que les fueron quemadas sus casas y otra en el año de 1983; ésta última con la complicidad abierta de la Policía de Seguridad Pública estatal.
5.- Que no obstante, pese a la forma arbitraria e ilegítima como se impuso el Decreto de la llamada Comunidad Lacandona, y muy a pesar de las agresiones sufridas, los Poblados Flor de Cacao, Nuevo Tila, Nuevo Progreso, San Jacinto Lacanjá y Dr. Manuel Velasco Suárez (hoy Viejo Velasco Suárez, victima reciente de la agresión) firmaron desde octubre de 1984, un Convenio con la Comunidad Lacandona y la SRA, aceptando les fueran asignadas nuevas tierras para vivir, en la denominada Zona de El Desempeño, mismas por las que hoy se les acusa de estar invadiendo..
6.- Siete años después -en marzo de 1991- el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, se comprometió nuevamente a respetar la decisión de estos poblados "irregulares", en el sentido de asentarse en las tierras asignadas en El Desempeño, constatando el gobierno del estado de Chiapas que los poblados de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao, Dr Manuel Velasco Suárez y Nuevo Progreso, se encontraban fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
7.- Durante el interinato de Roberto Albores (1998-2000) se desarrolló en la zona una verdadera guerra de baja intensidad, sembrando división, odio y muerte entre las comunidades. Esto provocó que en Viejo Velasco hubiera entonces un enfrentamiento entre priístas y bases zapatistas, con un saldo de 2 muertos, abandonando ambos grupos sus tierras, cosa que aprovecharon alguna familias de Nueva Palestina, quienes pretendieron posesionarse de ese lugar. Sin embargo, al poco tiempo, comienzan a retornar los fundadores originales, reclamando sus derechos.
8.- En el 2004 la SRA, con apoyo del gobierno del estado de Chiapas, reinició las presiones e intimidaciones en contra de 28 poblados indígenas asentados en las zonas El Desempeño y Valle de Santo Domingo, con el fin de lograr su reubicación forzosa, bajo la acusación de ser "invasores" de terreno lacandón.
9.- En abril de 2005, ingenieros topógrafos del sector agrario, acompañados de 22 subcomuneros del poblado Nueva Palestina (pertenecientes a la llamada Comunidad Lacandona) entraron a la zona, con el fin de verificar el lindero de los supuestos bienes comunales, dado que los comuneros había aceptado el PROCECOM. Esto provocó la reacción inmediata y la organización de los 28 poblados amenazados de desalojo, quienes arraigaron comunitariamente a los topógrafos y subcomuneros, obligando al gobierno a negociar.
10.- Producto de esta negociación -realizada en el marco de la llamada Mesa de Atención Interinstitucional de El Limonar- los gobiernos federal y estatal reconocen los derechos agrarios de estos 28 ejidos, comprometiéndose -mediante acuerdos firmados el 21 de noviembre de 2005- a regularizarlos. Entre estos 28 se encontraba Viejo Velasco Suárez.
11.- Sin embargo, a partir del mes de febrero de este año, desconociendo su palabra y su firma, el gobierno les niega la regularización y el reconocimiento agrario a los ejidos de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez, reiniciándose nuevamente las presiones gubernamentales para lograr su reubicación forzosa, y las amenazas y provocaciones contra los habitantes de estos poblados, por parte de comuneros de la Zona Lacandona,
12.- Estas presiones y amenazas fueron denunciadas públicamente los meses de junio, julio y agosto de este año, por parte de diversos Organismos Defensores de Derechos Humanos integrantes de esta red, solicitándole a los gobiernos federal y estatal, que actuaran para garantizar la integridad y los derechos de las 4 comunidades amenazadas.
Se denunció entonces también, que varias familias indígenas de Viejo Velasco y Ojo de Agua habían sido presionadas e intimidadas para obligarlas a firmar y aceptar su reubicación, en tanto que otras se habían negado a hacerlo, estando en un riesgo inminente de represión.
13.- Que estando en su legitimo derecho, y reivindicando la histórica lucha de este poblado por el reconocimiento a su territorio, retornan entonces 17 de las 22 familias bases de apoyo zapatistas que se habían desplazado por el enfrentamiento de 1999.
14.- Que en contrapartida, los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona; en particular aquellos pertenecientes a Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, buscan favorecer a intereses empresariales biotecnológicos, "ecoturísticos" y madereros, con miras a privatizar los ricos y estratégicos recursos naturales ahí existentes, a cambio de migajas.
15.- Que en ese contexto se enmarca la violenta y, hasta la fecha, impune agresión ejercida el pasado 13 de noviembre, en contra de las 17 familias ch’oles y tseltales del poblado Viejo Velasco, por parte de más de 200 personas identificadas por las víctimas, como integrantes de la "Comunidad Lacandona", quienes -según reportes emitidos por la Comisión Civil de Observación que se trasladó a la zona- portaban armas de alto poder, así como uniformes tipo militar y algunos de ellos, capuchas. Este operativo represivo, que tuvo todas las características de los realizados en años anteriores por grupos paramilitares, ha tenido un saldo a la fecha de 4 muertos, 4 desaparecidos y 38 desplazados (hombres, mujeres y niñ@s).
Por todo lo anterior, como organizaciones integrantes de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y el Territorio del estado de Chiapas, exigimos:
- Fin a la impunidad. Nos sumamos al llamado para exigir el desarme inmediato de todos los grupos indígenas armados de forma irregular, que operan en los poblados de Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal (integrantes de la llamada Comunidad Lacandona); que se investigue a fondo este acto de brutalidad y se castigue con todo el peso de la Ley, a los agresores y asesinos.
- Alto a la represión y al hostigamiento. Cese inmediato de toda nueva acción de intimidación, represión y desalojo, en contra de las comunidades indígenas de Viejo Velazco Suárez, Ojo de Agua el Progreso ó Tsotsil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá; al mismo tiempo, que se respeten y se se hagan respetar, sus elementales derechos al Territorio, a la integridad y a la vida.
- Justicia. La libertad inmediata del compañero indígena Diego Arcos Meneses, detenido sin justificación alguna y quien -según su propio testimonio- ha sido objeto de tortura, para vincularlo como uno de los responsables de esta masacre. Exigimos también que se investigue a fondo el paradero de los 4 compañeros desaparecidos, quienes -según el testimonio de una compañera indígena liberada por los "lacandones"- pudieron haber sido ejecutados.
- Finalmente, señalamos a Vicente Fox y a Pablo Salazar, en su calidad de cabezas del Ejecutivo Federal y Estatal, como corresponsables de esta masacre, pues además de haber sido advertidos oportuna y públicamente sobre la inminencia de esta agresión armada y no haber actuado para evitarla -lo que los convierte en cómplices por omisión- gran parte de la problemática que le dio origen, se debe a la corrupción, negligencia o incapacidad, con la que funcionarios gubernamentales -de todo nivel y que están o estaban bajo su mando- han venido enfrentando este grave problema social y agrario.
En particular, exigimos se investigue la responsabilidad que pudieron haber tenido en estos hechos y en sus causas de origen, la Lic. Martha Cecilia Díaz Gordillo, ex Delegada especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Diputada Federal por el Partido Acción Nacional; el C.P. Rubén Velázquez , ex titular de la Mesa Agraria Ambiental y ex Secretario de Gobierno, hoy senador por el Partido de la Revolución Democrática; el Lic. Rafael Arellanes, exSubsecretario de Gobierno, ex coordinador de la Mesa de Atención Interinstitucional de el Limonar y ex candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo; el Lic. Pedro Álvarez Icaza, Director del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)(CONABIO/GEF Banco Mundial); el Lic. Rodolfo Diaz Sarvide, Director del Programa de Desarrollo Sustentable de la Selva (PRODESIS/Unión Europea); y, particularmente en este caso específico de agresión violenta, el Prof. Gabriel Montoya, ex dirigente de la Organización Yashil Atel, excandidato a presidente municipal de Altamirano por el Partido de la Revolución Democrática y actual Delegado de Gobierno en Benemérito de las Américas. Sobre todos ellos, pueblos y comunidades indígenas involucradas en la problemática agraria y ambiental de la región Montes Azules, han venido efectuando denuncias sobre graves irregularidades en su desempeño administrativo y político.
Atentamente
¡La Tierra no se vende, se trabaja y se defiende !
- Antena Civil (Ocosingo Chiapas)
- Autoridades Comunales de Nicolás Ruiz, Chiapas
- Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Ansetik
- Comité de Defensa de los Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada
- Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Popolucas del Sur de Veracruz
- Enlace, Comunicación y Capacitación, A.. C.
- Equipo Tierra y Territorio- Fundación León XIII
- Movimiento Agrario Indígena Zapatista
- Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MPRS)
- Maderas del Pueblo del Sureste, A. C.
- Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
