Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez VI

Pronunciamiento público por la impunidad en la masacre de Viejo Velasco Suárez:
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/091113_3_anos_impunidad_masacre_viejo_velasco.pdf

Artículo de Gloria Muñoz, "A tres años de Viejo Velasco Suárez":
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=politica&article=014o1pol

Ejecuciones extrajudiciales en Chiapas, una práctica común

Importante informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Chiapas por parte de la policía:
http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/090111_ejecucion_migrantes_informe_frayba.pdf

Informe sobre la masacre de Chinkultic y recuento de otras masacres

Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

06 de Octubre de 2008

Informe preliminar sobre la masacre de Chinkultic.

El día 03 de octubre en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, se llevó a cabo un operativo policiaco en el que participaron elementos de Seguridad Pública federal y estatal, así como de Procuración de Justicia, también federal y estatal, presuntamente para ejecutar diversas órdenes de presentación derivadas de la averiguación previa iniciada con motivo de la toma del predio en que se encuentra el centro ceremonial de Chincultik.

Dicho operativo dejó como resultado la Privación Arbitraria de la Vida de seis campesinos, lesiones en diecisiete personas y la detención de treinta y seis campesinos, lo cual deriva en la responsabilidad del gobierno federal y estatal por la violación a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, a la honra y a la dignidad, entre otros.

Mediante comunicado de la Procuraduría General de Justicia, número DPE/4626/08, fechado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., el 04 de octubre de 2008. Se establece sustancialmente que:

“La Procuraduría General de la República informa que ante el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas, fueron presentadas 28 personas aseguradas en un operativo en cumplimiento de órdenes de localización y presentación por su probable responsabilidad en la toma la Caseta de acceso al Parque Nacional Lagos de Montebello. En el operativo de desalojo realizado el día de ayer de los terrenos localizados en áreas naturales protegidas en Lagos de Montebello, pertenecientes al Municipio de la Trinitaria, Chiapas, participaron de manera coordinada personal de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas(sic), efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Policía Estatal Preventiva), así como un Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la PGR en el estado y elementos de la Policía Federal…”

Asimismo, en conferencia de prensa la noche de este sábado 04 de octubre por el Ministro de Justicia del Estado de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, dio a conocer que en “coadyuvancia con las autoridades federales, derivado de la Averiguación Previa PGR/CHIS/COM/156/2008 en relación con la denuncia presentada por el INAH, para restituir a la Federación el Parque Nacional Lagos de Monte Bello y la zona arqueológica de Chinkultic, municipio de La Trinitaria, Chiapas, se llevó a cabo un operativo policiaco interinstitucional, el día 03 de octubre del año en curso”. 

Según información recabada por este Centro de Derechos Humanos, el día 03 de octubre, aproximadamente a las 11:00 hrs. se realizó un operativo policiaco con la presencia de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, quienes ingresaron a la comunidad en vehículos, caballos y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando varios domicilios.

Al parecer uno de los mandos policíacos era el Gral Brig. Víctor Librado Polo Estrada, quien es el Subdirector de la Policía Ministerial. Los habitantes de la comunidad acorralan a los policías, los desarman, quitándoles 77 armas de fuego, escudos y toletes, encerrándolos en la casa ejidal de Miguel Hidalgo, en donde permanecen por varias horas.

Alrededor de las 17.30 hrs. ingresaron a la comunidad aproximadamente unos 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva y policías ministeriales, disparando gases lacrimógenos a la población, la cual respondió con piedras y palos, iniciándose las acciones violentas, los agentes policiales respondieron con armas de fuego, hiriendo a varias personas. 

El Sr. Agustín Alfaro Alfaro, vecino de la Ranchería Ocotal Ojo de Agua, ubicada a 5 minutos del Ejido Miguel Hidalgo, junto con su esposa Eloisa Margarita Espinoza Morales, quien llevaba a uno de sus hijos en brazos, acudieron en su camioneta a la comunidad Miguel Hidalgo para apoyar en el traslado de los heridos, al llegar a la comunidad suben a su camioneta a Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García, para llevarlos al hospital más cercano; aproximadamente en el kilómetro 30 de la carretera Lagos de Montebello – Comitán de Domínguez, son interceptados por una camioneta de la Policía Estatal Preventiva quien les dispara, hiriendo en la pierna al Sr. Agustín, quien era el chofer, al bajarlo de la camioneta los policías le disparan en el pecho, disparando también a Rigoberto López, Alfredo Hernández y Miguel Antonio Martínez, quienes mueren ejecutados en el lugar y Miguel Martínez queda herido, y la señora Eloisa y su hijo resultan ilesos siendo testigos de los hechos. 

En el operativo los policías hieren con arma de fuego a los señores Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez, quienes fallecen mientras son trasladados al Hospital de Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas. 

Este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de 36 campesinos detenidos, a los que trasladaron a San Cristóbal de Las Casas y a La Trinitaria, los cuales fueron liberados el 05 de octubre aproximadamente a las 21 hrs., en el Ejido Lázaro Cárdenas, próximo a Miguel Hidalgo, a cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías. 

Este Centro tiene información de 17 campesinos lesionados, 10 con lesiones por los golpes recibidos y 6 heridos por armas de fuego; siendo el de mayor gravedad Cándido Pérez Méndez quién hoy fue trasladado a la Ciudad de México; en tanto que Miguel Martínez García y Madain Martínez Espinoza fueron trasladados al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez; Roselin Ramirez Samorano está en el Hospital Regional de Comitán de Domínguez; Darinel Hernández López continúa en el Hospital de Amparo Agua Tinta; en tanto que Abenamar Calvo Pérez fue dado de alta el pasado 5 de Octubre. 

Consideraciones:

Este Centro de Derechos Humanos, con base en la documentación realizada, descrita anteriormente,

y del contenido de los testimonios recabados de las víctimas, considera lo siguiente:

Primero. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos forman parte de los instrumentos normativos constituidos como Ley Suprema del Estado Mexicano, por tanto todas las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a su cumplimiento, entre ellos los siguientes derechos: a la vida; a la integridad personal; a la libertad y seguridad personales; a la seguridad jurídica; y a la honra y a la dignidad. Derechos violados en agravio de los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, tanto por los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, así como los encargados de la Seguridad Pública a nivel estatal y federal que ordenaron y ejecutaron el operativo en el que perdieran la vida seis personas y diecisiete más resultaran lesionadas.

Segundo. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, federales y estatales, que ejercen funciones de policía son considerados "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" y se encuentran sujetos a los deberes establecidos en los instrumentos internacionales de la materia, como es el caso del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas, en sus resoluciones 34/169 y 43/173, del 17 de diciembre de 1979 y del 9 de diciembre de 1988, respectivamente. El Código de conducta dispone que dichos funcionarios: cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, (…) en el desempeño de sus tareas, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas (artículo 2); podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas (artículo 3); y respetarán la ley y ese Código de conducta y harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación (artículo 8).

Por lo que el uso excesivo de la fuerza pública desplegado por los cuerpos de seguridad pública federal y estatal contra los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo, del municipio de La Trinitaria, el pasado día 03, dejaron de cumplir los preceptos antes referidos lo que trajo como resultado privaciones arbitrarias de la vida, civiles lesionados y detenciones arbitrarias. 

Tercero: Respecto a las seis personas de la comunidad de Miguel Hidalgo que fueron ejecutadas se vulneró el derecho a la vida que está reconocido en el artículo 22, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe, entre otras conductas, la pena de muerte. En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su artículo 6.1, que "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". También se vulnero, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, [...]. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. 

Asimismo, la Corte interamericana ha señalado que "los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción [...]. " Asimismo, los Estados deben proteger tal derecho mediante la "...obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo [...]." Es decir, de acuerdo con el anterior criterio, las autoridades tienen la obligación no sólo de respetar el derecho a la vida para no privar a ninguna persona de éste, también tienen, las siguientes obligaciones: 

a. Adoptar medidas para prevenir la privación de la vida de personas; y

b. En caso de que ello haya sucedido, investigar de manera efectiva los hechos acaecidos.

En virtud de todo lo anterior, es evidente que las autoridades y funcionarios que participaron en el operativo en la comunidad de Miguel Hidalgo no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida, sino que sus acciones trajeron como consecuencia la muerte de las seis personas.

Cuarto: Respecto a los diecisiete 17 campesinos lesionados durante el intento de detención, se vulneraron diversos preceptos legales, entre ellos en la Constitución, se prohíbe toda incomunicación, tortura, "tormento", maltrato e intimidación (artículos 19, parte final, 22 y 20, apartado A, inciso II). Al respecto, el artículo 19, en lo que ahora interesa, prohíbe todo mal tratamiento en la aprehensión y toda molestia que se infiera sin motivo legal, y obliga a que los abusos sean corregidos y reprimidos. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, numerales 1 y 2, dispone respectivamente que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" y que "nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."

Las anteriores disposiciones establecen claramente la obligación de respeto del derecho a la integridad personal, en cualquiera de sus modalidades (malos tratos o tortura). En este sentido, se desprende que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen prohibido infligir, tolerar o instigar la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a cualquier persona. El hecho de que la orden parta de un superior no los exime de responsabilidad, pues están obligados por las normas internacionales a desobedecer esas órdenes y a informar sobre ellas. 

En vista de lo anterior, ha sido claro que los funcionarios que intervinieron en el operativo en mención, violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados en convenios y tratados internacionales de derechos humanos, así como en nuestra carta magna y que tal violencia pone a la población en la disyuntiva de la autodefensa.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reprueba enérgicamente los crímenes cometidos por los agentes federales y estatales contra los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo y exige al gobierno federal y al del estado de Chiapas, una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, la reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas que permitan el resarcimiento a los daños ocasionados al tejido social de la comunidad, y las medidas de no repetición que garanticen que nunca más el ejercicio de la función pública y del uso de la fuerza pública excedan sus límites, que son los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad humana.

Este Centro subraya e insiste que, en los términos del Sistema Interamericano, la reparación del daño no se ciñe a la entrega de apoyos económicos ya que hasta el momento autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares, así mismo a los pobladores les han prometido la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado.

Antecedentes del contexto en Chiapas.

Eventos de represión en donde elementos del Estado, asesinan a campesinos indígenas que reivindican sus derechos.

En este año, distintas comunidades y organizaciones indígenas en el estado de Chiapas han emprendido acciones para defender y reivindicar su derecho al territorio, a la protección y cuidado de sus recursos naturales, a la protección del patrimonio que conforma su identidad como pueblos originarios. En ese sentido recordamos algunas acciones registradas durante el 2008 de reivindicación de derechos, fundamentalmente en defensa de la tierra y el territorio, que han sido reprimidos por agentes estatales.

15 de abril de 2008. En el predio San Antonio Tonina, municipio de Ocosingo, los señores Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz denunciaron ante este Centro, que el INAH amenazó con sancionarlos económicamente o meterlos a la cárcel por supuesta afectación al área federal, siendo que realizan trabajos en su terreno particular que colinda con la Zona Arqueológica.

16 de julio. Intento armado de retomar la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul, municipio de Chilón, por miembros de la OPDDIC, quienes fueron repelidos por los ejidatarios. A la fecha continúan las amenazas y actos de hostigamiento en contra de los ejidatarios que custodian el cuidado de los recursos naturales de la zona.

22 de Julio. Campesinos indígenas de la Comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, son reprimidos por miembros de la Policía Estatal Preventiva (PEP) tras haber ocupado la tierra con el objeto de que ejercer presión antes de proceder al desalojo; la disputa es, además del territorio, los recursos hidráulicos y minerales que resultan atractivos para la explotación de empresas extranjeras. 

10 de Septiembre. Comunidad Huitepec, Segunda Sección, municipio de San Cristóbal de Las Casas, elementos de la PGR suben al cerro del Huitepec para buscar a dos personas, bases de apoyo zapatistas, quienes desde el 2006 custodian la Reserva Comunitaria Zapatista.

03 de Octubre. Desalojo de ejidatarios de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, durante este operativo policiaco son asesinados 6 campesinos que mantenían el control de la Zona Arqueológica de Chincultik.

Cabe mencionar que contrario a los casos anteriores en donde elementos policíacos han confrontado

a población civil, en Chiapas existen zonas administradas por la población en acuerdo, o por

conveniencia política y económica, con autoridades estatales y federales, tal como la Zona

Lacandona.

Algunos eventos de represión en Chiapas que han desencadenado en Masacre.

Sin embargo la represión a organizaciones, pueblos indígenas y campesinos ha rebasado los límites en distintas ocasiones, la fuerza que la autoridad instruye o aplica en contra de quiénes resisten, a veces ha terminado en masacre.

Algunos hechos de sangre registrados en distintos años, sucedidos en Chiapas, son:

30 de mayo de 1980. Masacre en Wolonchán, municipio de Sitalá, campesinos fueron reprimidos y asesinados por Policías estatales durante una manifestación pacifica que tuvo sus orígenes en los reclamos no atendidos de las comunidades indígenas.

14 de marzo de 1997. Masacre en la Comunidad San Pedro Nixtalucum, El Bosque. Ataque y asesinato de cuatro indígenas zapatistas y desplazamiento forzado de 80 familias por elementos de la Policía de Seguridad Pública y el Ejército.

22 de diciembre de 1997. Masacre de Acteal, Chenalhó. Asesinatos de un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres, por parte de miembros del Partido Frente Cardenista y el PRI en contubernio con elementos de la Policía Estatal y el Ejercito Mexicano. El evento duró alrededor de 7 horas y en su desarrollo elementos de SP permanecieron a 200 metros del sitio del ataque, sin intervenir. Todavía los autores intelectuales de la masacre se mantienen en la impunidad.

10 de junio de 1998. Masacre en las Comunidades Unión Progreso, Chavajeval, Alvaro Obregón, Municipio El Bosque. En un operativo, integrantes de la Policía de Seguridad Pública asesina a ocho campesinos. Una de las justificaciones de este operativo fue emboscadas anteriores en Los Plátanos.

28 de enero de 2003. Masacre en la Comunidad de Tres Cruces, municipio de Chamula. Durante un operativo policiaco llevado a cabo por agentes de la Sub-Procuraduría Indígena, se dio un enfrentamiento en donde resultaron muertas 5 personas.

13 de noviembre de 2006, Masacre en la Comunidad de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo. Mueren 4 personas y 4 más permanecen desaparecidas.

01 de mayo de 2008. Ejecución en la colonia San Juan del Grijalva, municipio de Tecpatan. Elementos de la Policía Estatal Preventiva ejecutaron al señor Luis Fernando Guzmán Hernández, sin mediar orden de aprehensión, y sin delito que perseguir.

03 de Octubre. Masacre en el ejido Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria. Son asesinados 6 campesinos que mantenían la administración de la Zona Arqueológica de Chincultik.

¡Protestar es un derecho, reprimir un delito!

Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/081006_informe_ejecuciones_en_chinkultic.pdf

Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez V

13 de noviembre de 2008

■ La agresión, en complicidad con los gobiernos estatal y federal, recordó Frecuencia Libre

A dos años, permanece impune la matanza de indígenas en Viejo Velasco, Montes Azules

Hermann Bellinghausen

Al cumplirse dos años de la matanza de indígenas de la hoy desaparecida comunidad Viejo Velasco Suárez, en el norte de Montes Azules, Chiapas, permanecen impunes y mal investigadas las muertes de seis personas y la desaparición de dos más que, según los indicios disponibles también habrían fallecido.

El 13 de noviembre de 2006, entre 200 y 300 comuneros de Nueva Palestina, parte de la llamada comunidad lacandona, cobijados por la policía estatal (algunos agresores vestían uniformes policiacos) atacaron a tiros y machetazos a los pobladores tzeltales de Viejo Velasco. La intención explícita de aquel operativo paramilitar era expulsar a las familias del asentamiento. Lo lograron.

Diversos organismos civiles nacionales e internacionales han documentado que la agresión “contó con la complicidad de los gobiernos estatal y federal”, como sintetizó este miércoles desde San Cristóbal de las Casas la emisión radial J’natik, nuestra casa: ecología política y cultura (Frecuencia Libre, 99.1 FM) al rememorar la “masacre impune en la selva”.

Como lo ha registrado este diario, durante el ataque fallecieron cuatro personas: Filemón Benítez Pérez, 20 años; Antonio Mayor Benítez Pérez, 30 años, y María Núñez González, 32 años, quien antes fue violada por los atacantes). Cuatro más, hombres mayores, desaparecieron: Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, y Juan (o Antonio) Peñate. Las autoridades sugierieron en ese entonces que los desaparecidos “se habían ido a trabajar al norte”. Ello, a pesar de testimonios en contrario de los sobrevivientes. Una mujer, secuestrada por los atacantes y luego liberada, aseguró haber escuchado cuando asesinaban a balazos a su padre y su hermano.

Insisten en negar prueba contundente del ataque

La ligereza oficial encontró su desmentido el 6 de julio de 2007 tras el hallazgo de dos osamentas en las inmediaciones de Viejo Velasco. Según declaró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), aquello significaba “una prueba contundente del ataque” (que como tal ha sido siempre negado en las versiones oficiales, para las que fue sólo un “enfrentamiento” por “problemas de tierra”).

Ocurrida en las postrimerías del foxismo y del sexenio del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, la matanza culminaba una política de desalojos en Montes Azules promovida por las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Reforma Agraria (SRA). El desgano oficial para investigar apenas alcanzó para acusar y encarcelar injustamente un año, en Playas de Catazajá, al campesino chol Diego Arcos Meneses, vecino de los agredidos que había acudido a socorrerlos.

El gobierno salazarista salió de escena sin resolver el caso y el de su sucesor Juan Sabines Guerrero no ha mostrado avances significativos. A un año y cuatro meses del hallazgo de las osamentas, el Ministerio de Justicia de Chiapas sigue sin identificarlas ni dar a conocer los resultados de los exámenes forenses de ADN que, tras acaparar todas las evidencias, se comprometió a practicar.

Sin tanto rodeo, los familiares de los desaparecidos identificaron, por vestimenta y pertenencias, los restos de Pedro Núñez Pérez y Miguel Moreno Montejo. Además, los despojos estaban cerca del lugar de los hechos. Aún falta localizar a los otros dos.

El citado programa radial, a cargo de la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste, recordó este miércoles que “la masacre fue perpetrada en el marco de la campaña federal y estatal de despojo y despeje del territorio de la Selva Lacandona, operada a través de reubicaciones forzosas y desalojos violentos”.

Del lado de los agresores de Nueva Palestina hubo un muerto (Vicente Pérez Díaz) y un herido (Felipe Díaz López), “siendo éste el único detenido a la fecha como autor material confeso de los homicidios”, según el citado programa radial. Todo esto significa que, al cumplirse el segundo aniversario de la masacre, “los demás autores materiales, y sobre todo los autores intelectuales y los funcionarios cómplices continúan en la total impunidad”.

*Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/13/index.php?section=politica&article=019n1pol 

*Comunicado de la Comisión Civil de Observación sobre la masacre de Viejo Velasco Suárez:

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/070125_comision_civil_observacion_viejo_velasco.pdf

* Pronunciamiento de la Comisión Civil de Observación a un año de la masacre de Viejo Velasco Suárez, 13 de noviembre de 2007:

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/071113_pronunciamiento_comision_civil_viejo_velasco.pdf

* Liberación de  Diego Arcos por desistimiento de la acción penal, 6 de diciembre de 2007:

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/071113_pronunciamiento_comision_civil_viejo_velasco.pdf

Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez IV

7 de julio de 2007

"Están trabajando en el norte del país", dijo el gobierno

Hallan restos en Chiapas, serían de dos desaparecidos

ELIO HENRIQUEZ

Ampliar la imagenEntre la hierba se encontró el cráneo que sería el de uno de los indígenas desaparecidos por una disputa de tierras en ChiapasFoto: Moysés Zúñiga Santiago

Ocosingo, Chis., 6 de julio. Integrantes de organismos no gubernamentales y pobladores de Viejo Velasco Suárez encontraron los restos óseos presuntamente de dos de los cuatro indígenas que desaparecieron el 13 de noviembre pasado, durante un ataque armado de comuneros del poblado Nueva Palestina por una disputa de tierras.

Diego Cadenas Gordillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, informó que los restos podrían pertenecer a Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, porque en el lugar se encontró la ropa que llevaban puesta el día del enfrentamiento.

Con éstos sumarían seis indígenas muertos por el ataque referido, hecho del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió un informe al gobierno mexicano y éste respondió que en Chiapas no había ninguna desaparición forzada y que los presuntos desaparecidos estaban trabajando en el norte del país.

La búsqueda de los desaparecidos se inició a petición de sus familiares, a falta de respuesta de las autoridades. En las labores participaron, además de las familias, miembros del Centro Fray Bartolomé de las Casas y de las organizaciones Xi'nich, y Salud y Desarrollo Comunitario.

Alrededor de las 8 horas de este viernes, en una empinada vereda que va de la comunidad Viejo Velasco Suárez a Nueva Palestina, en la selva Lacandona, los pobladores hallaron un cráneo y huesos que estaban entre hojas secas y lodo, así como ropa de las víctimas.

Ese camino fue utilizado para huir por los más de 300 comuneros de Nueva Palestina que atacaron a sus vecinos de Viejo Velasco, según Petrona Núñez González, sobreviviente del ataque, quien vio como su padre, Pedro Núñez Pérez, y su vecino Miguel Moreno Montejo, fueron asesinados cuando eran llevados por la fuerza.

Al rendir su declaración ministerial, la mujer mencionó el sitio aproximado donde ocurrió el crimen. Al lugar habría acudido personal de la fiscalía del estado, sin encontrar rastros de los cuatro indígenas.

Sin embargo, en la vereda que se abre entre el bosque y casi una hora después de haber partido a pie de la localidad de Paraíso, los miembros de la comisión se encontraron hoy con una soga con que los dos indígenas habrían sido llevados amarrados.

Además vieron un cráneo, dos huesos sacros, una pelvis, costillas y fémures, entre otros restos óseos, que se encontraban semiocultos entre la maleza en un área de entre 10 y 15 metros cuadrados.

"¡Ese era de mi papá!", exclamó Diego Moreno Vázquez al encontrar un cinturón negro con una vaina para guardar un puñal. "Yo lo conozco, mi papá siempre lo usaba para pelar naranjas, es un cinturón de mochila que él adaptó porque no tenía dinero para comprar otro", dijo.

Enseguida sacó de su morral una camisa café claro para compararla con otra que fue encontraba semienterrada y que era del mismo color, sólo que un poco desteñida. "Esta era de mi papá. Mi mamá las compró y nos dio una a cada uno", aseguró.

Junto a un cráneo estaban dos pantalones con sus respectivos cinturones, y tanto Diego como Gilberto Núñez González, hijo de Pedro Núñez, la otra presunta víctima, los reconocieron como propiedad de sus respetivos padres.

"Es evidente que la fiscalía no sólo no hizo la búsqueda eficaz de los desaparecidos, sino que ha querido fortalecer la hipótesis de que se habían ido al norte del país a trabajar", dijo Diego Cadenas.

El abogado indicó que hoy mismo se notificó del hallazgo a un agente del Ministerio Público con sede en Palenque, y más tarde se hará lo mismo con la CIDH.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2007/07/07/index.php?section=politica&article=015n1pol


8 de julio

Pide Centro las Casas identificar a indígenas muertos

ELIO HENRIQUEZ

Palenque, Chis., 7 de julio. Un agente del Ministerio Público y personal forense levantaron los restos y la ropa de dos indígenas presuntamente asesinados en noviembre pasado en el poblado de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, informó Blanca Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Tras el levantamiento, dijo, pidió a la Fiscalía General estatal que se realicen las pruebas de ADN para confirmar si los restos pertenecen, como se cree, a los indígenas Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, quienes junto con otros hombres estaban reportados como desaparecidos desde el 13 de noviembre, cuando más de 300 miembros de la comunidad lacandona -de Nueva Palestina, principalmente- atacaron a los pobladores de Viejo Velasco Suárez, lo que dejó un saldo de cuatro muertos, entre ellos una embarazada.

Estos nuevos elementos serán agregados al expediente y lamentó que el Ministerio Público no haya elevado a averiguación previa la denuncia de la desaparición de los cuatro indígenas y la mantenga como "acta administrativa, siendo una violación grave a los derechos humanos y considerado delito de lesa humanidad".

Martínez Bustos informó que el personal de la fiscalía zona norte, con sede en esta ciudad, actuó "de manera diligente, ya que poco después de ser informado del hallazgo de los restos se trasladó "relativamente rápido" al lugar.

Explicó que el levamiento lo hicieron la tarde del viernes el agente del Ministerio Público Mariano Moreno Jiménez y dos peritos, quienes estuvieron acompañados sólo por familiares de las presuntas víctimas, por integrantes de la agrupación Xi'nich y de organismos no gubernamentales, así como del sacerdote jesuita Jerónimo Hernández.

"Les pedimos que no hicieran operativo con la policía por la seguridad de las comunidades (de la zona), porque la situación era tensa, y accedieron a que no fueran policías", dijo.

Lamentó que el levantamiento se hubiera hecho con "poco respeto para los familiares de las víctimas, pues los huesos eran aventados a una bolsa como cualquier otra cosa; fue poco respetuoso", aparte de que "hubo poca pericia para hacer el trabajo, ya que no se cuidaron aspectos que podrían servir para la investigación".

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "ha generado diferentes resoluciones acerca de que las familias puedan vivir el duelo de sus víctimas, como elemento sustancial para considerar un avance en la restitución mínima de derechos". Es por ello que solicitó que se realicen las pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas, y los familiares puedan enterrar los restos encontrados en el camino entre Viejo Velasco Suárez y Paraíso, ambas ubicadas en Ocosingo -en los límites de la reserva de Montes Azules-, pero relativamente cercanas a la ciudad de Palenque.

La directora del Fray Bartolomé de Las Casas comentó que la próxima semana enviará un informe a la CIDH para notificarle el hallazgo, y pedirle que exija al Estado mexicano que se investigue quiénes cometieron los crímenes y se busque a los otros dos indígenas que continúan en calidad de desaparecidos.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2007/07/08/index.php?section=politica&article=012n1pol

Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez III

Relata que presenció el asesinato de dos hombres reportados como desaparecidos

Apareció con vida indígena retenida por comuneros de Nueva Palestina

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

Palenque, Chis., 16 de noviembre. Hoy apareció viva la indígena Petrona Núñez González, quien fue retenida por comuneros de Nueva Palestina que el lunes atacaron a balazos a pobladores de Viejo Velasco Suárez, al tiempo que comunidades con presencia zapatista y de la organización X'inich se declararon en alerta por la exigencia de los lacandones de que sean desalojados cuatro poblados ubicados en los límites de la reserva de Montes Azules.

Al rendir su declaración ministerial, la noche del jueves, la mujer de 34 años dijo que fue golpeada, encarcelada y amenazada de muerte si denunciaba lo ocurrido en Viejo Velasco. "Yo vi cuando mataron a mi papá (Pedro Núñez Pérez) y a Miguel Moreno cerca de El Paraíso", aseguró.

Estos dos hombres estaban reportados como desaparecidos y de confirmarse el dicho de la indígena el número de muertos se elevaría a seis, sin incluir un feto de seis meses de María, hermana de Petrona, asesinada el lunes en su casa.

Aunque Petrona fue liberada el martes, hasta la mañana de hoy se supo que estaba con vida. En su exposición contó que el lunes al amanecer cientos de hombres armados, con uniformes y gorras azules, llegaron a Viejo Velasco para atacarlos.

Añadió que a ella, a su padre Pedro Núñez y a sus vecinos Miguel Moreno y Mariano Pérez los llevaron a la escuela y los golpearon a culatazos y puntapiés.

Añadió que después de cometer los primeros asesinatos, los integrantes de la llamada comunidad lacandona formada por cuatro localidades, entre ellas Nueva Palestina  los sacaron de la escuela y arrastraron rumbo a El Paraíso, donde habían dejado los vehículos, pues a Velasco Suárez no hay carretera.

Contó que unos 300 metros antes de llegar a El Paraíso, su padre y Miguel fueron asesinados a balazos, pero ya no se dio cuenta de la suerte de Mariano. "Yo volteé a ver y ahí los vi muertos", dijo, y agregó que en seguida fue subida a uno de los vehículos y llevada a Nueva Palestina.

Ahí fue introducida en una casa y luego encarcelada y golpeada. Uno de los pobladores le puso una inyección para bajarle la fiebre a causa de una infección provocada por una úlcera en la pierna, que no se ha atendido desde hace tiempo.

Ese mismo lunes fue exhibida ante miles de pobladores de Nueva Palestina para responsabilizarla de la muerte de Vicente Pérez Cruz, quien falleció en el hospital de Palenque a causa de las heridas que sufrió durante el ataque. Después la llevaron a Frontera Corozal y repitieron la escena. "Me tomaron fotos y me dijeron: 'ahora te vamos a salvar, pero si dices algo te vamos a matar porque ya sabemos quién eres'", relató la mujer, que sólo habla tzeltal.

Añadió que el martes por la tarde le dieron dinero y dos hombres la llevaron en un vehículo a la carretera fronteriza ubicada a unos 10 kilómetros  para que tomara una unidad de pasaje. Los dos hombres subieron con ella.

Uno bajó en el ejido 20 de Noviembre y ella lo hizo más adelante para dirigirse a una comunidad donde vive un hermano, a una hora de Palenque. El otro hombre siguió presuntamente hasta esta ciudad.

La noche de hoy, la indígena quien el lunes perdió a su padre y a su hermana María, y en 2001 a su hermano Antonio a causa del conflicto agrario en Montes Azules  fue traída a Palenque para que fuera atendida médicamente y para que un fiscal del Ministerio Público le tomara la declaración, pues no quiso ir a la comunidad por temor a ser retenida.

Por la mañana agentes de la policía estatal llevaron detenido a las oficinas de la fiscalía en esta ciudad al indígena Felipe Díaz López, de Nueva Palestina, tras ser dado de alta en el hospital. Su ingreso fue presenciado por su madre y un hijo cuyos nombres no fueron dados a conocer , quienes se dijeron sorprendidos por la detención y luego hicieron una llamada telefónica, presuntamente a su comunidad, para pedir que vinieran 50 camiones cargados de gente para liberarlo.

Personas que viajaron hoy a la zona de Lacanjá Chansayab, cercana a Nueva Palestina, reportaron que la situación era de relativa calma. Sin embargo, prevalecen temor e incertidumbre. Ayer, unos 10 jóvenes que estudian en el Colegio de Bachilleres ubicado en Chamizal, donde ayer fueron enterrados los indígenas Filemón Benitez Pérez, su tío Antonio Mayor Benítez y María Núñez González, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según la organización X'inich (hormiga, en chol), fueron retirados y trasladados a sus hogares.

Habitantes de dicha comunidad afirmaron que el martes, cuando se supo de la muerte de Filemón quien hace cuatro meses regresó de Estados Unidos  y de Antonio, en la escuela se tensó el ambiente porque los alumnos originarios del lugar amenazaban con tomar represalias.

Los maestros calmaron la situación momentáneamente, pero al caldearse los ánimos los padres de los muchachos decidieron que se trasladaran a Palenque el martes y ayer los llevaron a Nueva Palestina para protegerlos.

A tres días de la agresión, pobladores de Viejo Velasco Suárez afirmaron que próximamente retornarán a esas tierras porque les pertenecen. "Pensamos regresar porque estas tierras ya se pagaron con la sangre que han regado nuestros compañeros", dijo Isidro Pérez Vázquez, quien logró huir cuando entraron los 300 o 400 indígenas tzeltales, choles y lacandones de la comunidad lacandona.

Aseveró que el día del ataque varias familias salvaron la vida porque corrieron por el monte hasta llegar a la vecina Nueva Tila, tras seis horas de caminar por el cerro, donde se refugiaron. "Lo que nos hicieron no fue un desalojo, fue una masacre", manifestó el indígena, quien responsabilizó de los hechos a los gobiernos federal y estatal por "no atender el problema".

Ataque premeditado, igual que en 95 y 2000: Centro Fray Bartolomé

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la acción contra el poblado Viejo Velasco Suárez "tiene características de un ataque premeditado como los que se realizaban en las regiones norte y Altos de Chiapas entre 1995 y 2000 con grupos de civiles armados, uniformados al estilo de policías o militares y con armas de grueso calibre que atacaban a las poblaciones generando muerte, desapariciones y desplazamiento forzado, en presencia aquiescente del Ejército Mexicano, como parte de la estrategia contrainsurgente frente al EZLN".

Recordó que el pasado 9 de noviembre en la comunidad de Busiljá, situada a 15 kilómetros de Viejo Velasco, "seis hombres armados y portando el uniforme de la policía sectorial amenazaron con disparos a varias familias, por lo que 18 personas se desplazaron", a pesar de que tres patrullas de la policía estatal estaban en el lugar.

"Los afectados denuncian que los agresores son de esa misma comunidad, miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos de filiación priísta. Que los uniformes les son proporcionados por la policía sectorial y que siempre se ponen de acuerdo.

"Frente a estos hechos nos llama la atención el reciente nombramiento del general de división DEM retirado Luis Mucel Luna como director de la policía sectorial de Chiapas, quien cuenta con una maestría en administración para la defensa y seguridad nacional en el Colegio de la Defensa Nacional, y un posgrado en el Colegio Interamericano de Defensa en el Fuerte J. Lesley McNair, en Washington", dijo el organismo.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2006/11/17/index.php?section=estados&article=046n1est




Pronunciamiento de la Red de Defensa de la Tierra y el Territorio respecto a la masacre:

Red por la Defensa de la Tierra y el Territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 21 de noviembre de 2006.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LA PRENSA ESTATAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Con gran indignación, los abajo firmantes, miembros de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y al Territorio, hemos conocido la agresión violenta y brutal de la que han sido objeto nuestras hermanas y hermanos del Ejido de Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, en la Selva Lacandona. Por lo que, como red que lucha por hacer efectivo el elemental derecho al Territorio y a la Tierra de los Pueblos Indígenas y las comunidades campesinas, así como por el estricto respeto a los derechos humanos, politicos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, que protegen a dichos Pueblos y Comunidades, queremos expresar lo siguiente:

1.-El Decreto de Reconocimiento y Titulación de los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, publicado en marzo de 1972 -mediante el cual originalmente se le concedieron a 66 familias maya caribes, 614,000 hectáreas de selva- se fundamenta en una serie de irregularidades y falsedades que lo hacen ilegítimo y nulo de origen.

2.- Este fraude agrario -cuya motivación real y de fondo era facilitar la explotación de maderas preciosas por parte de la Empresa COFOLASA- se realizó ignorando los derechos a agrarios y humanos, de más de 45 poblaciones tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales que ya vivían en la selva y que desde entonces se encontraban exigiendo su regularización y reconocimiento agrario; concediéndoles en cambio, el estatus de irregulares e invasores de las tierras "propiedad de los Lacandones".

3.- Desde entonces, todos los poblados considerados irregulares por esta decisión fraudulenta y arbitraria, han venido sufriendo presiones y amenazas de parte de los gobiernos federal y estatal, así como agresiones directas por parte de los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona

4.- En el caso que nos ocupa -Viejo Velasco Suárez- la primer agresión violenta e intento de desalojo, se dio en el año de 1981. Una más, en 1982, en la que les fueron quemadas sus casas y otra en el año de 1983; ésta última con la complicidad abierta de la Policía de Seguridad Pública estatal.

5.- Que no obstante, pese a la forma arbitraria e ilegítima como se impuso el Decreto de la llamada Comunidad Lacandona, y muy a pesar de las agresiones sufridas, los Poblados Flor de Cacao, Nuevo Tila, Nuevo Progreso, San Jacinto Lacanjá y Dr. Manuel Velasco Suárez (hoy Viejo Velasco Suárez, victima reciente de la agresión) firmaron desde octubre de 1984, un Convenio con la Comunidad Lacandona y la SRA, aceptando les fueran asignadas nuevas tierras para vivir, en la denominada Zona de El Desempeño, mismas por las que hoy se les acusa de estar invadiendo..

6.- Siete años después -en marzo de 1991- el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, se comprometió nuevamente a respetar la decisión de estos poblados "irregulares", en el sentido de asentarse en las tierras asignadas en El Desempeño, constatando el gobierno del estado de Chiapas que los poblados de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao, Dr Manuel Velasco Suárez y Nuevo Progreso, se encontraban fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

7.- Durante el interinato de Roberto Albores (1998-2000) se desarrolló en la zona una verdadera guerra de baja intensidad, sembrando división, odio y muerte entre las comunidades. Esto provocó que en Viejo Velasco hubiera entonces un enfrentamiento entre priístas y bases zapatistas, con un saldo de 2 muertos, abandonando ambos grupos sus tierras, cosa que aprovecharon alguna familias de Nueva Palestina, quienes pretendieron posesionarse de ese lugar. Sin embargo, al poco tiempo, comienzan a retornar los fundadores originales, reclamando sus derechos.

8.- En el 2004 la SRA, con apoyo del gobierno del estado de Chiapas, reinició las presiones e intimidaciones en contra de 28 poblados indígenas asentados en las zonas El Desempeño y Valle de Santo Domingo, con el fin de lograr su reubicación forzosa, bajo la acusación de ser "invasores" de terreno lacandón.

9.- En abril de 2005, ingenieros topógrafos del sector agrario, acompañados de 22 subcomuneros del poblado Nueva Palestina (pertenecientes a la llamada Comunidad Lacandona) entraron a la zona, con el fin de verificar el lindero de los supuestos bienes comunales, dado que los comuneros había aceptado el PROCECOM. Esto provocó la reacción inmediata y la organización de los 28 poblados amenazados de desalojo, quienes arraigaron comunitariamente a los topógrafos y subcomuneros, obligando al gobierno a negociar.

10.- Producto de esta negociación -realizada en el marco de la llamada Mesa de Atención Interinstitucional de El Limonar- los gobiernos federal y estatal reconocen los derechos agrarios de estos 28 ejidos, comprometiéndose -mediante acuerdos firmados el 21 de noviembre de 2005- a regularizarlos. Entre estos 28 se encontraba Viejo Velasco Suárez.

11.- Sin embargo, a partir del mes de febrero de este año, desconociendo su palabra y su firma, el gobierno les niega la regularización y el reconocimiento agrario a los ejidos de San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua el Progreso, Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez, reiniciándose nuevamente las presiones gubernamentales para lograr su reubicación forzosa, y las amenazas y provocaciones contra los habitantes de estos poblados, por parte de comuneros de la Zona Lacandona,

12.- Estas presiones y amenazas fueron denunciadas públicamente los meses de junio, julio y agosto de este año, por parte de diversos Organismos Defensores de Derechos Humanos integrantes de esta red, solicitándole a los gobiernos federal y estatal, que actuaran para garantizar la integridad y los derechos de las 4 comunidades amenazadas.

Se denunció entonces también, que varias familias indígenas de Viejo Velasco y Ojo de Agua habían sido presionadas e intimidadas para obligarlas a firmar y aceptar su reubicación, en tanto que otras se habían negado a hacerlo, estando en un riesgo inminente de represión.

13.- Que estando en su legitimo derecho, y reivindicando la histórica lucha de este poblado por el reconocimiento a su territorio, retornan entonces 17 de las 22 familias bases de apoyo zapatistas que se habían desplazado por el enfrentamiento de 1999.

14.- Que en contrapartida, los comuneros y subcomuneros de la llamada Comunidad Lacandona; en particular aquellos pertenecientes a Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, buscan favorecer a intereses empresariales biotecnológicos, "ecoturísticos" y madereros, con miras a privatizar los ricos y estratégicos recursos naturales ahí existentes, a cambio de migajas.

15.- Que en ese contexto se enmarca la violenta y, hasta la fecha, impune agresión ejercida el pasado 13 de noviembre, en contra de las 17 familias ch’oles y tseltales del poblado Viejo Velasco, por parte de más de 200 personas identificadas por las víctimas, como integrantes de la "Comunidad Lacandona", quienes -según reportes emitidos por la Comisión Civil de Observación que se trasladó a la zona- portaban armas de alto poder, así como uniformes tipo militar y algunos de ellos, capuchas. Este operativo represivo, que tuvo todas las características de los realizados en años anteriores por grupos paramilitares, ha tenido un saldo a la fecha de 4 muertos, 4 desaparecidos y 38 desplazados (hombres, mujeres y niñ@s).

Por todo lo anterior, como organizaciones integrantes de la Red por la Defensa del Derecho a la Tierra y el Territorio del estado de Chiapas, exigimos:

- Fin a la impunidad. Nos sumamos al llamado para exigir el desarme inmediato de todos los grupos indígenas armados de forma irregular, que operan en los poblados de Nueva Palestina, Lacanjá Chansayab y Frontera Corozal (integrantes de la llamada Comunidad Lacandona); que se investigue a fondo este acto de brutalidad y se castigue con todo el peso de la Ley, a los agresores y asesinos.

- Alto a la represión y al hostigamiento. Cese inmediato de toda nueva acción de intimidación, represión y desalojo, en contra de las comunidades indígenas de Viejo Velazco Suárez, Ojo de Agua el Progreso ó Tsotsil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá; al mismo tiempo, que se respeten y se se hagan respetar, sus elementales derechos al Territorio, a la integridad y a la vida.

- Justicia. La libertad inmediata del compañero indígena Diego Arcos Meneses, detenido sin justificación alguna y quien -según su propio testimonio- ha sido objeto de tortura, para vincularlo como uno de los responsables de esta masacre. Exigimos también que se investigue a fondo el paradero de los 4 compañeros desaparecidos, quienes -según el testimonio de una compañera indígena liberada por los "lacandones"- pudieron haber sido ejecutados.

- Finalmente, señalamos a Vicente Fox y a Pablo Salazar, en su calidad de cabezas del Ejecutivo Federal y Estatal, como corresponsables de esta masacre, pues además de haber sido advertidos oportuna y públicamente sobre la inminencia de esta agresión armada y no haber actuado para evitarla -lo que los convierte en cómplices por omisión- gran parte de la problemática que le dio origen, se debe a la corrupción, negligencia o incapacidad, con la que funcionarios gubernamentales -de todo nivel y que están o estaban bajo su mando- han venido enfrentando este grave problema social y agrario.

En particular, exigimos se investigue la responsabilidad que pudieron haber tenido en estos hechos y en sus causas de origen, la Lic. Martha Cecilia Díaz Gordillo, ex Delegada especial de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Diputada Federal por el Partido Acción Nacional; el C.P. Rubén Velázquez , ex titular de la Mesa Agraria Ambiental y ex Secretario de Gobierno, hoy senador por el Partido de la Revolución Democrática; el Lic. Rafael Arellanes, exSubsecretario de Gobierno, ex coordinador de la Mesa de Atención Interinstitucional de el Limonar y ex candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo; el Lic. Pedro Álvarez Icaza, Director del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)(CONABIO/GEF Banco Mundial); el Lic. Rodolfo Diaz Sarvide, Director del Programa de Desarrollo Sustentable de la Selva (PRODESIS/Unión Europea); y, particularmente en este caso específico de agresión violenta, el Prof. Gabriel Montoya, ex dirigente de la Organización Yashil Atel, excandidato a presidente municipal de Altamirano por el Partido de la Revolución Democrática y actual Delegado de Gobierno en Benemérito de las Américas. Sobre todos ellos, pueblos y comunidades indígenas involucradas en la problemática agraria y ambiental de la región Montes Azules, han venido efectuando denuncias sobre graves irregularidades en su desempeño administrativo y político.

Atentamente

¡La Tierra no se vende, se trabaja y se defiende !

- Antena Civil (Ocosingo Chiapas)

- Autoridades Comunales de Nicolás Ruiz, Chiapas

- Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Ansetik

- Comité de Defensa de los Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada

- Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Popolucas del Sur de Veracruz

- Enlace, Comunicación y Capacitación, A.. C.

- Equipo Tierra y Territorio- Fundación León XIII

- Movimiento Agrario Indígena Zapatista

- Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MPRS)

- Maderas del Pueblo del Sureste, A. C.

- Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo

Fuente: http://www.cgtchiapas.org/spip.php?article1260

Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez II

Acusaciones mutuas entre comuneros por la disputa de tierras en Chiapas

Cierran el paso a Nueva Palestina; temen represalias

La situación en la zona "es tranquila", dice el procurador Herrán Salvatti

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

Ampliar la imagenIndígenas de Viejo Velasco Suárez regresaron el martes a su localidad por algunas pertenencias antes de dirigirse en busca de refugio a la localidad de Nuevo TilaFoto: Elio Enríquez

Lacanja Chasayab, Chis., 15 de noviembre. La situación de tensión se incrementó hoy en esta zona debido a que integrantes de la comunidad lacandona cerraron el acceso a Nueva Palestina para evitar posibles represalias de sus vecinos, y exigieron al gobierno estatal que desaloje a los habitantes de cuatro poblados ubicados en los linderos de la reserva de Montes Azules, municipio de Ocosingo, o de lo contrario podría haber nuevos hechos violentos.

En un sombrío ambiente fueron sepultadas las cuatro personas muertas una de ellas embarazada  durante el enfrentamiento ocurrido el lunes en la comunidad de Viejo Velasco Suárez por la disputa de tierras. Tres eran de San Martín Chamizal, municipio de Palenque, y una de Nueva Palestina, Ocosingo.

Al mismo tiempo, el fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti, aseguró en Tuxtla Gutiérrez que la situación en la zona "es tranquila" y que el Ejército Mexicano no ha ingresado al lugar donde ocurrió el enfrentamiento, sino se ha limitado a realizar recorridos a través de sus bases de operaciones.

Mientras, ocho organismos no gubernamentales, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dieron a conocer los resultados de la visita que realizaron el martes a Viejo Velasco Suárez (Ocosingo), donde recibieron testimonios de que los miembros de la comunidad lacandona que atacaron el lugar iban "vestidos con ropa tipo militar y algunos portaban cachuchas y camisolas color azul con insignias de la policía sectorial; la mayoría portaba armas de grueso calibre, como cuerno de chivo y R15, además de escopetas y rifles calibre 22".

Habitantes de San Martín Chamizal informaron que los cuerpos de Filemón Benítez Pérez, de 20 años de edad, y su tío Antonio Mayor Benítez Pérez, de 30, fueron llevados a esa comunidad casi a la media noche del martes, mientras que el de María Núñez González, de 32, quien según la Fiscalía tenía un embarazo de seis meses, fue trasladado en horas de esta madrugada.

Esta mujer, que según su hermano Manuel habría sido violada, pues su ropa interior estaba en sus pies cuando fue encontrada muerta, no era originaria de Chamizal, pero fue sepultada ahí porque murió con personas originarias de ese lugar. Su cadáver fue hallado en una casa de Viejo Velasco Suárez por policías estatales la tarde del martes y trasladado en helicóptero a Palenque.

De acuerdo con dirigentes de la organización X´inich (hormiga, en tzeltal) los tres muertos eran bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aunque Herrán Salvatti sostuvo que pertenecen a X´inich.

Siguiendo la carretera fronteriza, de Chamizal se llega hasta Lacanjá Chansayab, centro político de la comunidad Lacandona, cuyos integrantes rompieron el silencio para afirmar que el enfrentamiento en Viejo Velasco Suárez ocurrió porque "las agresiones de que hemos sido víctimas rebasaron los límites".

De acuerdo con su versión, el sábado 11 de noviembre los habitantes de Viejo Velasco Suárez donde según X´inich habitan miembros de esa agrupación y bases zapatistas  "mataron nuestros animales, balacearon nuestras casas, reunieron a nuestros hijos, los pusieron en fila con la intención de matarlos, golpearon a los compañeros, abusaron sexualmente de las mujeres y secuestraron a varios compañeros".

Estos señalamientos fueron negados por dirigentes de X´inich, quienes manifestaron que el viernes pasado una familia originaria de Nueva Palestina y aliada de los comuneros lacandones, que compartía casa con una familia de X´inich, suspendió el servicio de agua, lo que originó el problema que derivó en el enfrentamiento.

Se sabe que a consecuencia del corte del servicio de agua los demás pobladores obligaron a la familia de Nueva Palestina a abandonar el lugar.

Ese sábado la familia regresó a su comunidad de origen y en respuesta a su "agresión", el lunes entre 300 y 400 comuneros armados atacaron a Viejo Velasco Suárez.

Versiones ajenas a ambos grupos afirmaron que con el argumento de que protestaban por la "agresión" a sus compañeros, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana cientos de comuneros bloquearon la carretera a la altura de Chansayab Lacanjá para preparar las condiciones del ataque del lunes. A los automóviles que transitaron por la vía les cobraron 100 pesos y a los autobuses 300.

Fue ese el lugar donde hoy una indígena joven leyó un comunicado de la comunidad lacandona, en el que se asienta que ellos han demostrado ser "una comunidad pacífica", al tiempo de pedir la gobierno que desaloje a los pobladores de San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao y Semental, y justificar el ataque a Velasco Suárez.

La tensión y el temor a nuevos hechos de violencia eran evidentes hoy en esta comunidad, donde cientos de comuneros estaban concentrados y a la expectativa ante la presencia de policías estatales que llegaron en seis patrullas. Este día ninguno de los comuneros viajó a Palenque, pues temen ser retenidos en el camino por miembros de X´inich o bases de apoyo zapatistas. A quienes llegaban les preguntaban si no había bloqueos y cómo estaba la situación fuera de ahí.

Algunos afirmaron que "fue el pueblo que desconoció a sus autoridades, el que tomó la decisión de ir" a Viejo Velasco Suárez el lunes. Estos indígenas dijeron que esta tarde fue sepultado en Nueva Palestina su compañero Vicente Pérez Cruz.

Negaron que en esa comunidad, desde donde presuntamente se organizó el ataque del lunes y cuya entrada fue bloqueada hoy por sus habitantes, se encuentren Pedro Núñez Pérez y su hija Petrona Núñez González enferma y discapacitada  en calidad de "rehenes", como afirman sus familiares y organismos de derechos humanos, quienes además sostienen que Mariano Pérez Guzmán y Miguel Moreno Montejo siguen desaparecidos desde el día del enfrentamiento, por lo cual sus parientes interpusieron una denuncia ante la fiscalía por el delito de privación ilegal de la libertad.

Herrán Salvatti informó que a Felipe Díaz López originario de Nueva Palestina , hospitalizado en Palenque luego de haber sido herido el lunes, "se le ha decretado el estado de detención" por su probable participación en el enfrentamiento.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2006/11/16/index.php?section=estados&article=039n1est

Recordando la Masacre de Viejo Velasco Suárez I

15 de enero de 2006

Priístas de Nueva Palestina nos querían matar a todos, aseguran indígenas de Nuevo Velasco

Al menos 6 muertos por la disputa de tierras en comunidad chiapaneca

Otras dos personas están desaparecidas y dos más retenidas; la SRA se deslinda del enfrentamiento por las 30 hectáreas; ya se había finiquitado con la salida de seis familias, dice

ELIO HENRIQUEZ

Nuevo Velasco Suarez, Municipio de Ocosingo, Chis., 14 de noviembre. Indígenas de esta localidad informaron hoy que hay por lo menos seis personas muertas, dos desaparecidas y otras dos retenidas por los priístas de Nueva Palestina que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes los tirotearon por un conflicto de tierras. Un muerto y un herido serían de los agresores.

"Nos vinieron a masacrar", afirmó Isidro Pérez Vázquez, al señalar el sitio donde cayeron asesinados Antonio Mayor Benítez Pérez, su sobrino Filemón Benítez Pérez y Juan Peñate, tras el enfrentamiento a balazos.

Según Pérez Vázquez, entre las tres y cuatro de la tarde de hoy, una mujer de nombre María Núñez González fue sacada de la casa de madera donde su cadáver permaneció desde ayer y fue subido a un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De su lado, la Fiscalía General del estado informó que este martes, alrededor de las 13:40 horas, Vicente Pérez Cruz falleció en el hospital de Palenque a consecuencia de las heridas provocadas por impacto de arma de fuego durante la agresión.

Según los indígenas, seguían desaparecidos Miguel Moreno y Mariano Guzmán, mientras Pedro Núñez Pérez y Petrona Núñez González, hermana de la mujer cuyo cadáver se llevó esta tarde la policía en el helicóptero, presuntamente estaban en poder de los comuneros de Nueva Palestina.

"Cuando nos dimos cuenta, los de Palestina nos habían ro-deado y tapado el camino al amanecer del lunes", dijo el indígena Pérez Vázquez, quien añadió que los agresores eran entre 200 y 300 hombres que llevaban armas de fuego de distinto calibre, cubiertos los rostros con pasamontañas y uniformados.

Después de un viaje de casi ocho horas, un grupo de defensores de derechos humanos, entre ellos del Centro Fray Bartolomé de las Casas, y dos reporteros lograron entrar la tarde de este martes al poblado Nuevo Velasco Suárez, habitado por 17 familias, la mayoría bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde la todavía existía confusión respecto del número de muertos.

Hasta la tarde de hoy, los pobladores aseguraron que ha-bían visto cuatro muertos, a los que se suma el que falleció en Palenque, donde convalecía de sus heridas, y uno de los agresores.

Isidro Pérez dijo que antes de huir de la comunidad, la mañana de este lunes, vio muertos a Antonio y Filemón Mayor Benítez. María Hernández Pérez, madre y abuela de las víctimas, respectivamente, aseveró que colocó sendas cobijas sobre los cuerpos y abandonó la comunidad porque "nos querían matar a todos". Una cobija azul con rayas blancas permanecía en el suelo.

Armando Arcos Montejo añadió que Juan Peñate cayó muerto tras ser alcanzado por una bala, cuando ambos corrían para escapar. Aparentemente los cuerpos de estas tres personas fueron levantados ayer por un fiscal del Ministerio Público.

En la noche de hoy, gobierno del estado había reconocido el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas una de las dos que el lunes quedaron heridas y fueron llevadas al hospital. De la cifra dada a conocer por los pobladores de esta comunidad, las autoridades no han incluido a Juan Peñate, quien habría sido asesinado también, ni del comunero muerto de Nueva Palestina.

Pobladores huyen hacia la vecina Nueva Tila

Desde ayer los pobladores de Velasco Suárez abandonaron la comunidad hacia la vecina Nueva Tila, donde les dieron refugio. Esta mañana varios hombres regresaron a la localidad para recoger algunas pertenencias.

Las chozas estaban abandonadas y la ropa, el maíz, trastos y otras pertenencias regadas en el piso de tierra. En algunas tablas que sirven de paredes había señales de los balazos disparados por los comuneros de Palestina, en cuyas filas se cuenta un muerto y un herido.

Presuntamente los cuerpos de los muertos estaban en Palenque, por lo que los familiares exigieron que les sean entregados para sepultarlos en sus lugares de origen.

El lunes la organización Maderas del Pueblo, con sede en San Cristóbal de las Casas, dio a conocer una lista de diez personas "y un recién nacido muertos". En el curso del martes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas AC, reportó "saldo no verificado" de 14 personas muertas.

En Tuxtla Gutiérrez, la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) se deslindó del enfrentamiento entre habitantes de Nuevo Velasco Suárez y de Nueva Palestina. Dijo que el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en el poblado ubicado en la selva Lacandona ya había sido finiquitado con la salida de seis familias que originalmente estaban en el lugar.

Explicó que la disputa por la posesión de 30 hectáreas que abarca el poblado Viejo Velasco Suárez quedó finiquitada el 5 de abril pasado, cuando las seis familias que la habitaban, encabezadas por Carlos López Díaz, aceptaron un "pago compensatorio" y se fueron a vivir al municipio de Palenque.

Según los expedientes en posesión de la SRA, indígenas tzeltales originarios de los poblados vecinos reinvadieron el lugar, lo que derivó en una demanda penal en su contra, interpuesta por representantes de la comunidad lacandona.

Ante los hechos esta comunidad demandó penalmente a los nuevos pobladores del Viejo Velasco por despojo y la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa 491/CAJ74/2006. Destacó una unidad policiaca en las cercanías del lugar.

La documentación oficial señala que quienes desde 1984 habitaban el poblado Viejo Velasco Suárez compuesto de 30 hectáreas  eran Carlos López Díaz y cinco de sus hijos junto con sus descendientes, en total seis familias.

Por el proceso de "regularización de la tenencia de la tierra" iniciado por autoridades agrarias y los poblados ubicados en la selva Lacandona, se pidió a los poblados de Viejo Velasco Suárez desocupar el lugar, lo que finalmente aceptaron el 27 de febrero de este año, cuando firmaron un "convenio de conciliación" con los representantes de los bienes comunales lacandones, a quienes legalmente pertenece el lugar.

El "convenio de conciliación" comprendió la entrega de 300 mil pesos que pagó el gobierno del estado a las seis familias, quienes con esos recursos compraron nuevas tierras y fundaron el poblado Canán, en el municipio de Palenque, señala la documentación oficial.

Este acuerdo se concretó el 5 de abril pasado ante el Tribunal Comunitario Agrario, con lo cual la SRA dio por finiquitado el asunto y concluido el proceso de regularización de la tierra en Viejo Velasco Suárez.

Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que el 30 de julio pasado habitantes de los poblados cercanos, militantes de la organización Xi-Nich, quienes se dijeron también militantes del EZLN, reinvadieron el lugar.

Con información de Angeles Mariscal

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2006/11/15/index.php?section=estados&article=039n1est